Denuncia y primeras medidas

La denuncia fue realizada mediante el formulario web Rejucav (Registro Judicial de causas y antecedentes de violencia de la Provincia de Entre Ríos), con el asesoramiento de la Dirección Municipal de Mujeres, Géneros y Diversidad (a cargo de Ileana Fernández Escobar) y recayó en el Juzgado de Familia y Penal de Niños y Adolescentes Nº 2 de Concepción del Uruguay, a cargo en feria del juez Juan José Ardoy.

Este funcionario judicial resolvió tener por recibida la denuncia de la mujer (cuyas iniciales son M.B.S.) y ordenó la restricción de acceso y acercamiento por un plazo de noventa días, “no pudiendo (Satto) acercarse a dicho domicilio en un radio de 200 metros, ni realizar actos perturbadores contra la Sra. M.B.S. en el domicilio de la misma, como en la vía pública.

Dijo, además el magistrado en ese momento, que el legislador denunciado tampoco debería efectuar llamadas telefónicas amenazantes, mensajes de texto, e-mail, redes sociales, etc, “bajo apercibimiento de dar intervención al Agente Fiscal en turno por la comisión de delito de desobediencia judicial”.

También se indicó a la Jefatura Policial que realice recorridas por el domicilio de la denunciante y se dio intervención al ETI (Equipo Técnico Interdisciplinario) del Juzgado.

Fin de las restricciones

Pocos días después se realizaron audiencias en las que la ex pareja del legislador alineado a las filas de “Juntos por el Cambio” reclamó por el pago en forma de la cuota alimentaria: la resolución del juez indica que la demandante “solicitó en concreto que le sea abonada en una sola cuota, y no en dos o tres veces”. También pidió “la provisión de dos cuidadores domiciliarios” para el cuidado de su hija.

Pero el juez de feria de ese momento, Gustavo Amílcar Vales, resolvió aceptar las condiciones del demandado y además decidió dejar sin efecto la medida de restricción domiciliaria de acercamiento de 200 metros “atento la actividad profesional y política del Sr. Satto”, según el escueto fundamento de su sentencia.

“Ni empatía ni perspectiva de género”

Estas decisiones motivaron una nueva intervención de la Dirección de Mujeres, que reclamó ante lo que entendió una vulneración de los derechos de la denunciante, y cuestionó que la decisión del juez Vales no exhibía “ni empatía ni perspectiva de género, sino simplemente adecuación a las comodidades del Sr. Satto”.

En la presentación ante el Juzgado, se preguntan desde la Dirección de Mujeres: “¿Es lógico ‘morigerar’ en virtud de la ‘actividad profesional y política’ de una persona? Se supone V.S., que el Sr. Satto en su triple rol de abogado, legislador y dirigente político, debe conocer y observar las leyes, además de ser digno de su cargo de representante del pueblo, lo que aumenta aún más su responsabilidad. Si asistimos pasivamente a esta morigeración, ¿que podríamos exigir a los ciudadanos comunes?”, quedó planteado entre otros argumentos.

Luego añadieron que “esta situación de vulneración” raya la violencia institucional “definida por la Ley de Protección Integral a las Mujeres, que en su artículo 6 incluye “aquella realizada por las/los funcionarias/os, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública, que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en esta ley”.

Otro juez restituye la restricción y 2 medidas más

Este lunes 22 de febrero, finalmente, el Juzgado de Familia (cuyo juez titular es Hugo Andrés Torres) resolvió ante esa presentación que “dicha circunstancia vulnera los derechos de la víctima, al tiempo que dicha resolución no parece seguir los lineamientos de la perspectiva de género (art. 13 inc. 22 de la L.P.F. -t.o Ley 10.668-)”.

Así, el juez deja sin efecto la resolución que anulaba la restricción, como primera medida. Además, dispone que el denunciado realice “por intermedio de la Dirección de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la municipalidad de ciudad los cursos y/o talleres de Prevención a la violencia y perspectiva de género, debiendo acreditar el inicio del mismo dentro de los 15 (quince) días de notificado de la presente”.

Ordenó, también como tercera disposición, que “se implemente el Sistema de Botón Antipánico S.O.S. en favor de M.B.S.”, además de otras resoluciones destinadas a cumplimentar con lo dispuesto por la normativa vigente en materia de violencia de género.

Respecto de la cuota alimentaria correspondiente a la hija, el juez Torres “insta y exhorta a las partes a que cumplan con lo dispuesto en la sentencia homologada” en el expediente Nº 12177/C en trámite en el mismo Juzgado, “siendo esta la vía más idónea a fin de garantizar los derechos de la joven que de otra manera podrían verse conculcados”.

La respuesta de Satto

“Es absolutamente absurda. No tiene ningún fundamento y está cargada de contenido político, claramente”, respondió el legislador uruguayense ante la consulta de El Miércoles Digital.

Y luego amplió: “Tanto es así que con Tati, mi ex mujer y madre de 5 hijos míos, el último contacto físico que tuvo conmigo fue en mi oficina donde fue para arreglar la contratación de una persona para cuidar a nuestra hija. Luego denunció una supuesta amenaza telefónica que jamás probó siquiera de manera liviana. Dijo que ella me llamó y que yo la amenace. De ahí en más todo ocurrió sin mi conocimiento ni intervención”.

Por último señaló: “Se tomaron medidas sobre violencia cuando nuestros desacuerdos giraron en torno a las formas de cuidar a nuestra hija. Nos conocimos en el año 87. Estuvimos casados 20 años. Hace 10 que nos divorciamos y vivimos a 2 cuadras de distancia desde entonces. Nunca un problema, más allá de los lógicos y esperables. De repente – y en este contexto-, todo esto”.

Perfil de Satto

Jorge Diego Satto es diputado provincial por el PRO, desde diciembre de 2019. Es fundador del PRO en 2004, milita en ese partido desde entonces y es su presidente en el departamento Uruguay. Durante años estuvo en la oficina de asuntos legales y jurídicos de la Municipalidad uruguayense. Durante el gobierno de Mauricio Macri fue uno de los delegados argentinos en la CARU. Según sus perfiles en redes sociales es “abogado, coach ontológico y facilitador profesional”.